La Mirada Maestra

La creciente informalidad en el mercado laboral chileno plantea graves desafíos para los trabajadores y el sistema jurídico, diseñado para proteger sus derechos fundamentales. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de ocupación informal en Chile alcanzó el 28,2% en el último trimestre, reflejando un aumento preocupante en la cantidad de personas que trabajan sin las protecciones y beneficios establecidos por la legislación laboral. Este fenómeno no solo limita el acceso a prestaciones básicas como la seguridad social y la salud, sino que también contribuye a la precarización generalizada del empleo.

Desde el punto de vista del derecho laboral, la informalidad implica una evasión de las normativas vigentes, debilitando la capacidad del sistema para garantizar condiciones laborales dignas y equitativas. La falta de un contrato formal priva a muchos trabajadores de derechos esenciales, creando un contexto de vulnerabilidad y desigualdad que exige una intervención urgente. A esta situación se suma la implementación de la denominada “Ley Karim”, cuyo objetivo original era agilizar el acceso a la justicia laboral para resolver los conflictos de manera rápida y efectiva. Sin embargo, esta ley ha sobrecargado los tribunales laborales, generando un colapso en el sistema de justicia y aumentando los tiempos de espera para la resolución de casos.

La saturación del sistema judicial laboral ha tenido consecuencias graves: lo que debería ser un derecho accesible y efectivo se convierte en una ilusión para aquellos trabajadores que, atrapados en esta burocracia colapsada, ven cómo sus demandas se dilatan indefinidamente. Esto no solo prolonga situaciones de abuso y precariedad, sino que también amplifica la sensación de desprotección en un ámbito donde la justicia laboral debería ser un amparo para quienes buscan reivindicar sus derechos.

En este contexto, la justicia laboral, lejos de representar una solución, parece haberse transformado en un último obstáculo para los trabajadores, quienes, en su intento de obtener respaldo legal, enfrentan la realidad de un sistema saturado e ineficaz. El aumento de la informalidad y el impacto de una justicia laboral colapsada representan un desafío urgente que demanda la modernización de las leyes y recursos que verdaderamente garanticen la protección de los derechos laborales en Chile.